El 13 de enero de este año el presidente Hugo Chávez, la diputada María León, y otros prosélitos del mandatario formaron un alboroto, cuando la diputada de la unidad democrática María Corina Machado le recordó que expropiar sin pagar por el bien afectado “es robar”. Tan afectados están por esta simple y certera definición de las apropiaciones arbitrarias e ilegales convertidas en política de Estado en Venezuela, que el pataleo llegó hasta La Habana y mereció la injerencia de Fidel, el dictador en reposo.
Tal vez se pudiera haber pensado que tras este alboroto de los comunistas, por María Corina llamar las cosas por su nombre, el Gobierno iba a tomar un receso en la toma sin ton ni son de propiedades ajenas. Mas no fue así. Por el contrario, la semana pasada arremetieron contra varias propiedades de la barriada popular de Catia, nada oligarca por cierto, más bien una población cercana al proceso “de la revolución”.
La Alcaldía del Municipio Libertador, en manos del oficialista Jorge Rodríguez, amparándose en el llamado “Plan Catia”, creado dentro de la Misión Gran Vivienda Venezuela, irrumpió en algunos comercios establecidos en la zona desde hace años e intentó ocuparlos y les dio orden de desalojo inmediato a sus propietarios y arrendatarios. Aduce la Alcaldía que los espacios están ociosos y por ello los tomará supuestamente para construir viviendas para 500 personas, afectando unos 40 galpones donde operan 36 comercios y unas 80 casas habitadas. Sin contar con más de mil personas que quedarían sin trabajo, con el derrumbe de los comercios donde laboran.
Según informan los afectados, hasta la fecha ni la Alcaldía de Libertador ni ninguna otra instancia del Gobierno han hablado o informado de algún tipo de indemnización por sus propiedades o bienhechurías.
Desde hace varios días los habitantes del sector están protestando y haciendo manifestaciones de calle en rechazo a estas expoliaciones del Gobierno, y exigiendo el cese inmediato de las adquisiciones forzosas de sus propiedades: “NO A LA EXPROPIACION! Respeten nuestras viviendas! No nos dejaremos quitar nada!".
Este arrebato, se le hace más incomprensible e injustificable aún a estos ciudadanos, debido a que en la parroquia Sucre existen espacios que pueden destinarse para la vivienda, entre otros, 16.500 metros cuadrados donde supuestamente se construiría la Universidad Alma Mater de Catia, y hoy es un espacio abandonado, como informó la concejal Gladys Castillo, presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Cabildo Metropolitano, ente que también rechaza la medida.
VenEconomía entonces pregunta ¿“expropiar” sin justificación verdadera de interés social y sin pagar a los propietarios afectados, no es “robar”?
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